Se acaba de conocer que el día Jueves 22 de
Noviembre el Grupo Clarín denunció ante la Justicia por incitación a la
violencia a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente,
además de a varios funcionarios del gobierno de Cristina.
La incitación a la violencia es delito. No hay nada
que decir al respecto.
¿Pero es así, como dice Clarín? No, terminantemente
no.
Lo que Clarín denomina como incitación a la violencia
es el ya añoso reclamo, no solo de los periodistas denunciados, de que el grupo
cumpla con la Ley de Servicios Audiovisuales, (Ley de Medios).
Se adecue, se desprenda de todo lo que le sobra, de
todo lo que excede el límite marcado por esta Ley de Medios por la cual hubo
mucha gente batallando desde hace 30 años, Ley que fue aprobada por amplia
mayoría en el Congreso.
A esta argumentación le agrega un refuerzo: opinar
que la sublevación de Prefectos y Gendarmes fue organizada por Clarín también
es cometer un delito, o sea, incitar a la violencia.
Independientemente de lo acertado o no de dicha
opinión, que yo comparto, es eso, nada mas (ni nada menos): una opinión.
Y que un grupo editorial, que hace diez años que no permitía
actividad gremial en su empresa, actividad amparada por la Constitución y por
las Leyes que la reglamentan, que se arroga para sí ser el paradigma de la
libertad de expresión, denuncie por opinar a un grupo de periodistas, no nos
ubica ante una “incitación a la violencia” si no ante un verdadero hecho de
violencia, ya que viola garantías constitucionales, las que protegen la
Libertad de Expresión.
Me parece importante volver sobre unas palabras de
Cristina dichas no hace mucho: “De aquí al 7 de Diciembre vamos a ver cosas estrambóticas”
Esta “incitación a la violencia” sin duda es una de ellas. Indudablemente son
cosas estrambóticas, pero los que las hacen no lo son.
El grupo, sus cabezas, sus dueños, Magneto y
compañía, en suma, no tienen nada de extravagantes, irregulares y desordenados
y si mucho de acostumbrados a la impunidad y hacer lo que se les cante,
incluido robar bebes y empresas, además de ser promotores y cómplices de todo
golpe de estado que anduviera por nuestras tierras.
Es
gente que ha dicho lo que se les ha cantado de Cristina y su Gobierno, desde la
simple y legítima critica a la descalificación más abyecta, no solo de la
Presidenta, sino también de quienes la apoyamos, ahora denuncia a quienes
simplemente hacen, y con mucha altura, lo mismo que ellos: opinar.
Esto,
que puede resultar extravagante a un inicial análisis, nos está mostrando lo
que realmente son: personas extremadamente peligrosas. Y lo digo porque
callaron durante el gobierno de facto, y estaba sucediendo un genocidio. Y
callar ante un genocidio no te hace buena persona ni mucho menos defensor de la
Libertad de Expresión.
Y
no solo callaron, también se beneficiaron, ya que se robaron una empresa en
complicidad con ese estado torturador y desaparecedor recibiendo de manera
preferencial, también, una profusa publicidad oficial por parte del gobierno
criminal de Videla y compañía.
Y
no se quedan en la “incitación a la violencia”, si no que intentan llegar más
allá: “coacción agravada”. ¿Qué es esto? La coacción agravada es cuando alguien
hace “uso de amenazas con el propósito de
obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".
¿Reclamar que se cumpla la Ley de Medios,
puede ser denominado de tal manera? Si es así, ya nunca se podrá reclamar que
se cumpla una ley, ya que estaríamos cometiendo un delito, y muy grave, por
otro lado.
Estrambótica, sin duda, esta
argumentación-acusación, pero ¡ojo! que viene de gente acostumbrada a que con 5
tapas en contra volteaban un gobierno, y si bien ya llevan como mil en contra
de Cristina y no lo consiguieron, no quiere decir que no seguirán intentándolo.
Extravagantes y desordenados, pero
peligrosísimos. Si lo serán que utilizan una clara y legítima frase de
Sabbattella, “La AFSCA va a actuar de oficio después del 7 de diciembre”, frase
que está amparada por lo que la Ley de Medios establece, para acusar de que
"en la misma línea trazada por el gobierno, (Sabbatella) soslaya el
derecho constitucional del grupo Clarín de peticionar a las autoridades y
aguardar una decisión del Poder Judicial de la Nación".
Y desesperados, además.
Sería bueno que el grupo nos aclarara en
qué momento no pudieron peticionar a las autoridades o recurrir al Poder
Judicial. O decir lo que se les antoja.
Y bueno, por las dudas no voy a exigir
que Clarín se adecue a la Ley de Medios, ya que parece ser que eso me convierte
en un delincuente.
Mi humilde y total solidaridad con los
denunciados.
Cosas veredes, Sancho, que non credere.